Un doble shot de glasnost, por favor

Durante sus primeros meses en el cargo, el Presidente de México ha demostrado ser un tomador de riesgos. Ha forzado a una de las más ‘intocables’ figuras políticas de México –el líder del sindicato de maestros– a renunciar y tiene a otro –el líder del sindicato petrolero– bajo arresto.

La razón más importante para llevar a cabo estas acciones es hacer frente a los focos de resistencia dentro del sistema. En especial de aquellos sindicatos cuyos jefes constituyen un impedimento a la implementación de importantes reformas para el país.

Llevando a cabo estas acciones, los líderes del Partido Revolucionario Institucional, y en especial el Presidente, buscan tanto mostrar a los mexicanos que un gobierno príista constituye una alternativa viable para el país, como dejar en claro que los líderes del partido no están dispuestos a compartir el poder.

Fue así que Wayne A. Cornelius, Profesor Emérito de Ciencia Política de la Universidad de California, San Diego, describió en 1990 la situación política por la que atravesaba México. Sin embargo, sin referencias explícitas a los nombres del Presidente o líderes sindicales en cuestión sería fácil pensar que Cornelius está describiendo, no la situación política de México en los noventas, sino la actualidad de nuestro país.

En pasados días, Elba Esther Gordillo, la lideresa del sindicato más grande de México y América Latina, fue aprehendida por cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dichos recursos, que superan los 2 mil 600 millones de pesos, habrían sido desviados de las cuentas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), para su uso, entre otras cosas, en la compra de numerosos inmuebles en México y Estados Unidos, que superan el valor de ocho millones de dólares cada uno, a favor de Gordillo y sus allegados.

De manera similar, los analistas políticos mencionan cada día más el nombre de Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato de Petróleos Mexicanos (PEMEX), otra figura que a todas luces ha desviado dinero del sindicato así como público para beneficio propio y de sus hijos, quienes se dan viajes por el mundo en aviones privados y compran automóviles de lujo con cargo al erario público.

Sin embargo, más de veinte años después, es probable que estos golpes a las corruptas cúpulas sindícales tengan las mismas intenciones que las que tuvieron las acciones en los años noventa: mostrar a los mexicanos que un gobierno príista constituye una alternativa viable para el país y dejar en claro que los líderes del partido no están dispuestos a compartir el poder.

El análisis de Cornelius sobre las intenciones reales del Presidente y el Partido detrás de las acciones contra los sindicatos fueron ciertas entonces, y lo siguen siendo ahora. No se trata de combatir a los corruptos líderes sindícales que abusaron de sus cargos, sino de hacer a un lado  a quien sea un impedimento para implementar las reformas destinadas a la liberalización económica, y de paso, consolidar y concentrar el poder político en las manos del Presidente de la República. La liberalización económica es extraordinariamente rápida, pero el cambio político se mueve a paso de tortuga, concluía Cornelius.

Por tanto, en su opinión, lo que México necesitaba en los noventa era un shot de glasnost. Es decir, adoptar una estrategia de apertura política y transparencia gubernamental que acompañara las reformas económicas –la perestroika. Y es que, citando a Lorenzo Meyer, México parecía haber implementado una “perestroika sin glasnost”. En otras palabras, México se estaba modernizando en términos económicos, pero no en términos políticos.

Sus recomendaciones son tan vigentes hoy como lo eran en los años noventa.

Cornelius, un doble shot de glasnost, por favor.

Un jarabe extranjero para una enfermedad nacional

Hoy por hoy, la política y acciones que los Estados Unidos de América ejercen y emprenden hacia y en países extranjeros son probablemente las más repudiadas del mundo. Basta mencionar los nombres Guantánamo, Afganistán, Irak --¿cómo olvidar Abu Ghraib?--, para que cualquier posible argumento en favor del intervencionismo estadounidense comience a resquebrajarse. Y probablemente no haya país que conozca mejor del no tan sutil intervencionismo estadounidense que México. La tan conocida cita: "¡Pobre México! Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos" resume a la perfección la difícil relación que México tiene con su poderoso vecino del norte.

Dicho esto, hoy por hoy, me congratulo de que Estados Unidos por fin esté interviniendo en los asuntos domésticos de nuestro país... para bien.

Desde hace un par de años, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y al menos otras dos agencias del gobierno federal estadounidense llevan a cabo una investigación contra Tomás Yarrington Ruvalcaba, quien fuera Gobernador del Estado de Tamaulipas de 1999 a 2004, por presunto lavado de dinero proveniente de cárteles mexicanos de la droga y que resultó, entre probablemente otras cosas, en la compra de propiedades en el sur del Estado de Texas, en Estados Unidos. Las indagatorias señalan que Yarrington habría adquirido dichas propiedades con dinero de sobornos de cárteles mexicanos del narcotráfico que recibió cuando fuera Gobernador, probablemente a cambio de libre tránsito por Tamaulipas de la droga que llega a territorio estadounidense.

Aunque la investigación no ha derivado en el establecimiento formal de cargos criminales contra Yarrington, que pudieran resultar en su posible extradición a los Estados Unidos de América, los mexicanos no podemos sino destacar (¿y agradecer?) las acciones que el gobierno estadounidense está llevando a cabo. En un país dónde gobernadores, senadores, diputados y demás "representantes populares" y otros funcionarios públicos diariamente son cómplices y ejecutores de actos ilegales como malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, protección de actividades ilícitas, etc., que son realizados con toda impunidad, no podemos dejar de alegrarnos que, de una vez por todas, un gobierno haga por fin frente a estos criminales y los lleve ante la justicia. Lo que debería indignarnos es que ese gobierno no sea el nuestro.

Que el gobierno de Estados Unidos investigue y, posiblemente, persiga a un mexicano no causa sorpresa. Los estadounidenses han perseguido a "criminales" mexicanos desde los tiempos de Pancho Villa (si no es que desde mucho antes), varias veces sin mucho éxito. Asimismo, cada año un gran número mexicanos son procesados en los Estados Unidos por acciones que probablemente en otros países no constituirían un delito, tales como la simple búsqueda de una vida mejor.

Pero nadie con un ápice de sensatez podría apiadarse o simpatizar con Tomás Yarrington. Hoy por hoy, Tamaulipas es uno de los estados más inseguros del país. Dominado por cárteles del narcotráfico, con poblaciones enteras que han desaparecido a raíz de la ola de terror generada por las desapariciones, balaceras y secuestros que nadie esclarece y mucho menos detiene, el estado ha sido declarado por su propio Congreso como "más inseguro que nunca" (sic). Baste mencionar el nombre San Fernando, para recordar las tragedias y horrores que hoy constituyen la vida pública tamaulipeca.

Ciertamente, la corrupción en que estuviera inmiscuido Tomás Yarrington es sólo una de las variables que explican la crisis por la que atraviesa Tamaulipas y el resto del país. Yarrington es sólo uno de nuestros cientos de miles de "servidores públicos", que día a día se sirven del sufrimiento de otros mexicanos para asegurarse un estilo de vida que de una forma honesta nunca podrían alcanzar. La corrupción de Yarrington ha lastimado no sólo a los tamaulipecos sino a todo el pueblo de México. No podemos sino alegrarnos de que finalmente un gobierno esté dispuesto a investigar y probablemente perseguir sus crímenes, así como los de sus secuaces.

No debería preocuparnos entonces que ese gobierno no sea el nuestro. Lo que debería preocuparnos e indignarnos es que ese gobierno nunca sea el nuestro.