Hoy por hoy, la política y acciones que los Estados Unidos de América ejercen y emprenden hacia y en países extranjeros son probablemente las más repudiadas del mundo. Basta mencionar los nombres Guantánamo, Afganistán, Irak --¿cómo olvidar Abu Ghraib?--, para que cualquier posible argumento en favor del intervencionismo estadounidense comience a resquebrajarse. Y probablemente no haya país que conozca mejor del no tan sutil intervencionismo estadounidense que México. La tan conocida cita: "¡Pobre México! Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos" resume a la perfección la difícil relación que México tiene con su poderoso vecino del norte.
Dicho esto, hoy por hoy, me congratulo de que Estados Unidos por fin esté interviniendo en los asuntos domésticos de nuestro país... para bien.
Desde hace un par de años, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y al menos otras dos agencias del gobierno federal estadounidense llevan a cabo una investigación contra Tomás Yarrington Ruvalcaba, quien fuera Gobernador del Estado de Tamaulipas de 1999 a 2004, por presunto lavado de dinero proveniente de cárteles mexicanos de la droga y que resultó, entre probablemente otras cosas, en la compra de propiedades en el sur del Estado de Texas, en Estados Unidos. Las indagatorias señalan que Yarrington habría adquirido dichas propiedades con dinero de sobornos de cárteles mexicanos del narcotráfico que recibió cuando fuera Gobernador, probablemente a cambio de libre tránsito por Tamaulipas de la droga que llega a territorio estadounidense.
Aunque la investigación no ha derivado en el establecimiento formal de cargos criminales contra Yarrington, que pudieran resultar en su posible extradición a los Estados Unidos de América, los mexicanos no podemos sino destacar (¿y agradecer?) las acciones que el gobierno estadounidense está llevando a cabo. En un país dónde gobernadores, senadores, diputados y demás "representantes populares" y otros funcionarios públicos diariamente son cómplices y ejecutores de actos ilegales como malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, protección de actividades ilícitas, etc., que son realizados con toda impunidad, no podemos dejar de alegrarnos que, de una vez por todas, un gobierno haga por fin frente a estos criminales y los lleve ante la justicia. Lo que debería indignarnos es que ese gobierno no sea el nuestro.
Que el gobierno de Estados Unidos investigue y, posiblemente, persiga a un mexicano no causa sorpresa. Los estadounidenses han perseguido a "criminales" mexicanos desde los tiempos de Pancho Villa (si no es que desde mucho antes), varias veces sin mucho éxito. Asimismo, cada año un gran número mexicanos son procesados en los Estados Unidos por acciones que probablemente en otros países no constituirían un delito, tales como la simple búsqueda de una vida mejor.
Pero nadie con un ápice de sensatez podría apiadarse o simpatizar con Tomás Yarrington. Hoy por hoy, Tamaulipas es uno de los estados más inseguros del país. Dominado por cárteles del narcotráfico, con poblaciones enteras que han desaparecido a raíz de la ola de terror generada por las desapariciones, balaceras y secuestros que nadie esclarece y mucho menos detiene, el estado ha sido declarado por su propio Congreso como "más inseguro que nunca" (sic). Baste mencionar el nombre San Fernando, para recordar las tragedias y horrores que hoy constituyen la vida pública tamaulipeca.
Ciertamente, la corrupción en que estuviera inmiscuido Tomás Yarrington es sólo una de las variables que explican la crisis por la que atraviesa Tamaulipas y el resto del país. Yarrington es sólo uno de nuestros cientos de miles de "servidores públicos", que día a día se sirven del sufrimiento de otros mexicanos para asegurarse un estilo de vida que de una forma honesta nunca podrían alcanzar. La corrupción de Yarrington ha lastimado no sólo a los tamaulipecos sino a todo el pueblo de México. No podemos sino alegrarnos de que finalmente un gobierno esté dispuesto a investigar y probablemente perseguir sus crímenes, así como los de sus secuaces.
No debería preocuparnos entonces que ese gobierno no sea el nuestro. Lo que debería preocuparnos e indignarnos es que ese gobierno nunca sea el nuestro.
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